domingo, 17 de mayo de 2009

Contra Álvaro Uribe, defensor de los militares asesinos.

Contra Álvaro Uribe, defensor de los militares asesinos.


Cuando yo estaba en Guanía, leí una historia escalofriante, (similar al artículo adjunto). Un hospital de Bogotá pagaba por cadáveres, cuando necesitaba órganos, es decir, a menudo. Alguien con la complicidad de un portero de noche del Hospital introducía cadáveres y cobraba del Hospital unos dólares. Eran cadáveres de mendigos. Uno de ellos logró sobrevivir. No lo mataron bien. Logró salir de la morgue por si mismo y luego se denunció el caso y se explicó toda la historia del mendigo sobreviviente. Asimismo se descubrió una red de tráfico de órganos y una red de asesinos de mendigos.

Me imaginó que estos crímenes quedarían impunes, pues el hospital sólo pensaba en salvar vidas, y además hacían una limpieza de mendigos. Les sirvió de idea a los jefes del DAS, y a los militares. Es de imaginar que el presidente de turno limitaria la investigación y defenderia a los altos cargos del Hospital, para evita la propaganda de los defensores de los derechos humanos contra Colombia.

Claro que los militares y los paramilitares en sus matanzas de civiles, ya habían acostumbrado a la población a convertir a los civiles, menos niños y abuelos, en guerrilleros. Los militares y los medios convertían en guerrilleros a los amigos y familiares de guerrilleros y siguen haciéndolo. Pero lo único que hacen es augmentar el número de guerrilleros y su fuerza.


Y cuando los militares matan a civiles, los famosos daños colaterales, su justificación es siempre la misma: los guerrilleros utilizan a los civiles como escudo humano, y se refugian siempre detrás de civiles. Por eso, se lamentan los militares, “sólo matamos a civiles y no alcanzamos a guerrilleros. Los terroristas utilizan siempre a los civiles de escudo y protección”.

Si los militares no dispararan a niños, a mujeres, a civiles, ni bombardearan escuelas, iglesias y hospitales, sería casi probable que algún guerrillero se escondieran en alguna Iglesia o hospital, pero los asesinos militares no respetan a los civiles, por tanto, por lógica ya no son escudos. Y peor, estos criminales militares asesinan a civiles y detrás no hay guerrilleros, ni terroristas. Y para más deshora de sus asesinatos convierten al padre o hermano mayor de una familia asesinada en terroristas. “Se escondían detrás de niños y mujeres” , repiten a coro los medios terroristas.

Afganistán, Irak, Colombia, Palestina, Pakistán, siempre la misma cantinela y la misma propaganda terrorista de los medios.



Casi dos mil jóvenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros
El fiscal colombiano considera que los militares asesinos también han incurrido en "tráfico humano"

Dpa

La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.
La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.
El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.
Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.
La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.
Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.
El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.
Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.
A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.
Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.
El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento Norte de Santander.
Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que el joven era zurdo.
Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos.
Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.
El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.
 
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/index.php?section=mundo&article=021n2mun